El actor demandó reparación de una incapacidad derivada de un accidente in itinere, con fundamento en la ley 24.557.

La sentencia de primera instancia teniendo en cuenta la falta de demostración del daño, ya que el demandante no concurrió a la prueba pericial médica, rechazó la pretensión con costas al vencido.

A su turno la Cámara Nacional de Apelaciones del Trabajo (Sala III) –por unanimidad- confirmó el fallo recurrido en lo sustancial. No obstante -por mayoría-, modificó la imposición de costas declarando las de ambas instancias a cargo de la demandada. Para decidir de ese modo la doctora Canal (cuya opinión se impuso al ser compartida por el doctor Rodríguez Brunengo) destacó el derecho de acceso a la justicia como prioritario, en tanto asegura el ejercicio eficaz del resto de las prerrogativas. Y valoró que el actor pudo entender que le asistía derecho a reclamar por el accidente padecido, dado que la Aseguradora había reconocido la denuncia del siniestro y había otorgado prestaciones.

Frente a ello, la demandada interpuso el recurso extraordinario, cuya denegación motivo queja, sosteniendo que lo resuelto importaba violación de normas constitucionales que consagran el derecho de defensa en juicio y el debido proceso. 

Finalmente la CSJN, consideró que el rechazo de la demanda se debió a la actitud renuente del actor frente a las citaciones que el perito médico le cursó -no solo en primera instancia sino también a raíz de la medida excepcional dispuesta por la Cámara con el objeto de practicar el informe pericial encomendado-, prueba esencial para la determinación de la incapacidad laboral reclamada. Y consideró que ante esa situación la decisión que desligó al demandante de la responsabilidad por las costas del juicio se aparta del principio contenido en el art. 68 del CPCCN que encuentra su razón de ser en el hecho objetivo de la derrota.

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