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El derecho procesal laboral que se viene
25-03-2018 |
El Gobernador de la Provincia de Córdoba, Juan Schiaretti, con el propósito de imprimir mayor celeridad en el Poder Judicial y mejorar la accesibilidad al servicio de justicia, giró a la legislatura un proyecto de ley, que introduce modificaciones a la Ley Procesal Laboral vigente (ley nro. 7987). 
Lo más relevante de dicho proyecto es la modificación que pretende insertar en relación a la distribución de la competencia de los tribunales laborales existentes (las Salas de la Cámara Única del Trabajo y Jueces de Conciliación) y la creación de nuevos tribunales: los Juzgados del Trabajo.
Conforme surge del texto del proyecto de reforma a la ley 7987, el fuero estaría compuesto en un futuro por tres estamentos judiciales: los jueces de conciliación, las Salas de la Cámara única del trabajo, y los jueces del trabajo. Estos últimos entenderían como jueces de sentencia de primera instancia en los procedimientos especiales que han sido proyectados en los Capítulos Sexto y Séptimo del Título VI, esto son, los procedimientos declarativo abreviado con audiencia única y el procedimiento sumarísimo, como así también en la conciliación entre las partes, los demás casos que establezca el Tribunal Superior de Justicia y en los que determinen las leyes especiales (cfr. art. 6 proyectado). 
Según el proyecto de modificación a la ley procesal laboral, el procedimiento declarativo abreviado (art. 83 bis y sig.), procederá en los siguientes supuestos: i) el despido directo sin invocación de causa; ii)el despido indirecto por falta de pago de haberes, previamente intimados, cuando esté acreditada o reconocida la relación laboral; iii) el despido directo invocado en causas de fuerza mayor o en falta o disminución de trabajo por razones económicas no imputables al empleador, cuando no se hubiere cumplido con las exigencias establecidas en los procedimientos administrativos previstos para su justificación; iv) el pago de la indemnización acordada por la ley, estatutos profesionales y/o convenios colectivos de trabajo en los demás supuestos de extinción del contrato que sólo dependan de la verificación objetiva de un hecho, siempre que el mismo se documente con la demanda; v) el pago de salarios en mora cuando con la demanda se acompañen instrumentos de los que se desprenda verosímilmente que la relación laboral se encontraba vigente al momento en que se afirman devengados; vi) cuando se demanda el pago de cualquier otro crédito líquido, exigible y proveniente de una relación laboral a favor de algún trabajador, que conste en instrumento público presentado en forma o privado reconocido judicialmente; vii) demandadas fundadas en el art. 66 de la LCT; viii) en los casos en que por leyes nacionales, provinciales o convenios colectivos de trabajo se establezcan procedimientos judiciales previos para la imposición de sanciones, modificaciones de las condiciones de trabajo o extinción del vínculo contractual de trabajadores con tutela sindical; ix) toda otra cuestión de baja complejidad y simplicidad que requiera de abreviación y celeridad en el proceso, o que por ley posterior se le atribuya; x) procedencia de sanciones disciplinarias, excluido el despido, y las consecuencias que se deriven de aquellos actos; xi) extensión de la certificación de servicios y en su caso la indemnización correspondiente por su falta de entrega; xii) demandas derivadas de la L.R.T. por accidentes de trabajo, in itinere o enfermedades profesionales cuya contingencia, hecho generador, relación causal o calificación médico legal haya sido rechazada en sede administrativa; xiii) en las acciones por cobro de aportes y contribuciones a fondos sindicales establecidos por ley o por convenciones colectivas de trabajo (cfr. art. 83 bis proyectado).
Por otra parte, el procedimiento sumarísimo (art. 83 septies y sig.) está previsto para dos supuestos: i) cuando el accidente de trabajo, accidente in itinere o enfermedad profesional estuviere reconocido en sede administrativa, y quede pendiente exclusivamente la controversia sobre la determinación del grado de incapacidad o sobre el monto de la indemnización. ii) en los casos de silencio de la aseguradora en la instancia extrajudicial o administrativa (conf. art. 83 septies proyectado).
Finalmente, se vislumbra el diseño de un proceso laboral digital, eminentemente oral, rápido y expedito, con plazos procesales acotados para resolver y la tramitación de actos procesales digitalizados mediante un sistema informático especial despapelizado (conf. art. 10 proyectado).

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