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Plazo para promover la acción de exclusión de tutela sindical. Aplicación del Código Civil y Comercial de la Nación
01-05-2018 |

La sentencia dictada por el Juzgado de Conciliación en los autos “CIBIE ARGENTINA S.A. C/ VIVAS MARCELO JAVIER – PROCEDIMIENTO SUMARIO – EXCLUSION DE TUTELA SINDICAL” Expte Nº 3407100, dispuso la exclusión de la tutela sindical del demandado, en tanto quedó comprobado mediante las pruebas rendidas en autos, que éste era autor de un delito de hurto de productos fabricados en la empresa.

Para así establecerlo, el juez interviniente indicó, en primer término, que el legislador no ha establecido, ni siquiera por vía reglamentaria, el plazo dentro del cual debe promoverse la acción prevista en el art. 52 de la ley 23.551, por lo que sólo debe tenerse en cuenta el plazo bienal del art 256 de la LCT, lapso que no aparece exageradamente prolongado como para invalidar la acción incoada, máxime habida cuenta el periplo descripto en demanda (investigación y posterior recolección de prueba), por lo que la defensa intentada por la demandada, en orden a la falta de contemporaneidad entre el hecho y la acción resulta inadmisible.

Además tuvo en consideración, que el demandado, en su memorial, no proporcionó su propia versión de los acontecimientos, actitud procesal que también fue valorada por el Juzgador, quien al citar otros precedentes indicó que el Art. 192 del CPCC “… exige que al contestarse una demanda no solo se nieguen los hechos, sino que se exprese una versión propia de ellos. Es lo que doctrinariamente se denomina ´carga de claridad´, ya que la sola negativa… puede llegar a considerarse una confesión, un reconocimiento… (Cámara del Trabajo de San Francisco Sala Unipersonal a cargo del Dr. Cristian Requena en auto “BRANDAN VICTOR HUGO C/ GRAMAGLIA WALTER  OTROS – ORDINARIO” Expte Nº 1105749 – Sentencia Nº 75 del 10/12/2014)."

Otros elementos probatorios valorados de manera decisiva  fueron los informes periciales, la declaración de los testigos y las filmaciones donde se muestra al demandado junto con un compañero, llevando a cabo el ilícito atribuido al demandado. Con respecto al análisis del video reproducido, lo considera como prueba idónea por cuanto se trata de un “documento no firmado”, conforme lo establecido por el Código Civil y Comercial de la Nación, el que no puede considerarse obtenido de manera furtiva, sino que por el contrario, su autenticidad se tiene por comprobada en función de la pericia técnica elaborada por la Dirección General de Policía Judicial, dependiente del Ministerio Público Fiscal, organismo que concluyó que los archivos se presentaron de manera consistente, sin evidencias de que hayan sido editados.

Por último,  consideró necesario recordar que la investidura y actuación de los representantes gremiales impone ponderar sus comportamientos a la luz de lo establecido por el Art. 1724 del Código Civil y Comercial, que manda apreciar los hechos y su gravedad bajo el prisma de las circunstancias de “personas, tiempo y lugar”. Sobre esto dispuso: “que se ha corroborado un modus operandi visiblemente sospechoso e irregular a través de la actuación coordinada por parte del accionante y del Sr…. y que pone en evidencia una situación que excede palmariamente los límites razonables del débito laboral y al margen del ejercicio legítimo de las funciones específicas propias de su rol como delegado gremial” y que “…el hecho ilícito se trata de un hecho puntual y aislado que, apreciado según la investidura gremial del demandado, resulta indicativo de una grave desaprensión en cuanto al comportamiento que debía seguir en el desempeño de su tarea y que impacta en los deberes de lealtad, fidelidad y buena fe que rigen las relaciones laborales...”. En esta línea, resaltó que la tutela dispensada por la ley sindical no constituye un privilegio o inmunidad de carácter absoluto sino que el representante gremial debe observar un comportamiento ejemplar, en virtud del alto grado de responsabilidad que dicha función implica. 

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