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Protección del derecho de defensa en juicio vs. cumplimiento de las normas procesales
01-05-2018 |

      En autos caratulados "Paz, Gustavo Raúl c/ Aceros Zapla SA - Ordinario - Despido - Recurso directo", el Tribunal Superior de Justicia resolvió revocar el decreto por el cual el tribunal de conciliación tuvo por incontestada la demanda por la accionada y desglosó el respectivo memorial, y ordenó, en consecuencia, la incorporación de las actuaciones desglosadas.

      Para resolver en ese sentido, el máximo cuerpo judicial provincial estableció que las reglas procesales son ordenadoras del proceso y no deben utilizarse para vulnerar el derecho de fondo. En tal sentido, el Alto Tribunal sostuvo que “Cabe señalar que las normas procesales y las facultades de dirección otorgadas al juez tienen por objeto dilucidar la verdad material y garantizar el efectivo ejercicio de los derechos sustanciales de los litigantes; son meros instrumentos para posibilitar el cumplimiento de las normas de fondo. Por ello es que en caso de conflicto sobre la aplicación de reglas y principios procesales, debe estarse a la solución que más favorece la protección de la garantía de defensa en juicio (art. 18 CN y art. 8 Pacto San José de Costa Rica).”

              En la causa, en oportunidad de la audiencia de conciliación, la demandada agregó un poder juramentado incompleto, al que le faltaba un folio. El tribunal, advertido de tal deficiencia, y a los fines de elucidar el alcance de la representación, intimó a aquella, a que acompañe el original del poder agregado en oportunidad de la audiencia de conciliación y copia completa. Al incumplirse tal requerimiento, el Tribunal de Conciliación hizo efectivo el apercibimiento contenido en el proveído precitado, dándole por contestada la demandada y por no presentado el escrito de ofrecimiento de prueba. Atento ello, se desglosó el poder y memorial acompañados, como asimismo el escrito de ofrecimiento de prueba y la documental ofrecida. Conforme ello, se declaró la nulidad de la audiencia de prueba recepcionada a los fines del reconocimiento del actor de la documental acompañada por la demandada. 

              Ante ello, la accionada interpuso recurso de reposición del decreto, solicitando la revocación del proveído, la que fue denegada, y apeló en subsidio. La Sala Novena, al expedirse, confirmó la resolución recurrida, con el fundamento de que “(…) el recurrente se resiste a asumir que la decisión arribada por la a quo derivó de su propia desidia pues contaba con tiempo más que suficiente para arrimar el mentado instrumento, que a la postre no acompañó. Así las cosas, se imponía un obrar mucho más diligente frente a la carga del Tribunal, pero el impugnante se mantuvo inactivo y guardó silencio.” Y que “(…) no se advierte vulneración del derecho de defensa del recurrente porque la imposición que pesaba sobre la parte demandada no la cumplimentó dentro de los plazos otorgados por el Tribunal para la formalización del acto de que se trata, por lo que feneció irremisiblemente esa potestad derivada de su propia inactividad, en irrevocable beneficio de la contraria.” El TSJ, admitió la casación promovida en el sentido indicado, aduciendo que la potestad de saneamiento fue ejercida en tiempo y forma  ya que “(…) Se efectuó en la primera oportunidad procesal en la que comparece la demandada luego de que se la anoticia (…)”   y que “El decreto respectivo no había adquirido firmeza, ya que fue impugnado en el plazo legal”.
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